Ir al contenido principal

Los retos fundamentales de la movilidad en Cali

En lo que respecta a la movilidad urbana, parece que la lógica de construir sin planificar y de que el fin justifica los medios ha sido el gran legado de la pasada administración local; en un periodo en el cual Cali siguió, al pie de la letra, la filosofía con que fue gobernada la mayoría de las principales ciudades del país. La nueva Alcaldía de Cali, que se destaca por haber iniciado con pie derecho al conformar un gabinete con alta formación académica y probada experiencia profesional en los temas de su competencia, se enfrenta a un doble reto: deshacer los serios enredos de la administración anterior y retomar la tarea de pensar y orientar el futuro de la ciudad, tarea que, infortunadamente, estuvo olvidada durante una década por diversas administraciones.


Para quienes puedan considerar injusto calificar de fracaso a la pasada administración 2008-2011 en materia de movilidad urbana, es necesario recordar un par de aspectos de gran relevancia que pueden transformar tal percepción.


En primer lugar, a la pasada administración local le resultó imposible elaborar la obligada revisión decenal del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, revisión que debería haber iniciado su trámite de discusión y aprobación en el año 2010, por lo cual hoy completamos más de un año de retraso sin tener la posibilidad de discutir el papel que jugará la movilidad en el nuevo esquema territorial.
En segundo lugar, la elaboración del Plan de Movilidad Urbana que, según la Ley Nacional 1083 de 2006, debería haber estado terminada en julio de 2008, fue intencionalmente ignorada. Fue sólo a causa de una demanda interpuesta por los ciudadanos que la administración local se vio obligada a elaborarlo. En cuestión de semanas, la administración organizó un escueto y vacuo documento de cuarenta y dos páginas el cual presentó como supuesto Plan de Movilidad mediante Decreto Municipal 0615 de 2008 . Ante la burla que representaba tal documento carente de rigor técnico (y sin siquiera una tabla de datos, gráfico o similar que le diera sustento), una nueva demanda fue interpuesta por los ciudadanos. Como respuesta, la administración enfocó sus esfuerzos en demostrar jurídicamente la pertinencia de dicho documento, en lugar de asumir, de manera responsable, la elaboración de un verdadero documento técnico que sirviera como soporte a la toma de decisiones en materia de transporte e infraestructura. Hoy, después de más de tres años, tal documento técnico sigue sin existir.


Aún más revelador es el hecho de que en dicho caos y ausencia de planificación, la administración local decidió, arbitrariamente, embarcar a los caleños en la construcción de un paquete de obras de infraestructura conocido como las ‘21 Megaobras’ y financiarlo mediante contribución por valorización (en la práctica, un impuesto extra al ciudadano) con un costo superior a los 900 mil millones de pesos (1). Dado que su trámite de aprobación ante el Concejo Municipal estuvo plagado de irregularidades por la ausencia de diseños definitivos y presupuestos fiables, desde hace unos meses no se tiene muy claro cómo ni cuándo se va a poder terminar la construcción de tal paquete de obras pues afronta serios problemas financieros y jurídicos.


En lo que respecta al transporte público la situación que nos deja no es menos preocupante.
El sistema integrado de transporte masivo MIO(2) inaugurado en el 2009 sigue operando a media marcha a causa de que algunas de sus estaciones de cabecera siguen eternamente “en construcción”; la Troncal de Aguablanca, la de mayor demanda, a pesar de declararse “inaugurada” sigue sin terminarse; y algunas de las empresas operadoras del sistema siguen incumpliendo sus compromisos ante una todavía débil institucionalidad de Metrocali, a pesar de sus notorios esfuerzos recientes.
Por otro lado, el transporte público tradicional sigue disfrutando de la presencia de una desdibujada Secretaría de Tránsito y Transporte, dado que, en concreto, ésta no ha mostrado efectividad en la regulación del servicio de transporte público tradicional, ni mucho menos ha asumido la crucial tarea de planificar la movilidad urbana. Así, el ciudadano del común debe enfrentarse al escenario caótico de una ciudad que, además, presenta alta congestión, sobreoferta de taxis, ausencia de espacios para el peatón y la bicicleta, alta accidentalidad, entre muchos otros males.


No se puede desconocer la honesta preocupación y valioso compromiso de algunos buenos técnicos que en medio de una evidente carencia de recursos económicos, técnicos y humanos intentaron, sin éxito, sacar adelante la elaboración de un verdadero Plan de Movilidad Urbana (sólo a partir de 2009) y la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio en el seno del Departamento de Planeación Municipal.
No obstante, es importante que seamos capaces de hacer una evaluación objetiva y afirmar sin titubeos que, en materia de movilidad e incluso urbanismo, la pasada Alcaldía fue un fracaso. Por incompetencia o por simple desidia del Alcalde y parte de su gabinete, la tercera ciudad del país que con sus dos millones y medio de habitantes ostenta el título de Capital del Pacífico, estuvo durante cuatro años transformándose sin una real planificación, es decir, sin brújula y de manera errática. Tal grado de irresponsabilidad resulta inaceptable.


El reto fundamental de la nueva administración local que inicia funciones en el presente mes de enero, es echar abajo el nocivo legado de hacer sin pensar y de imponer proyectos por encima de los procedimientos administrativos. Ello implicará tomar la decisión de cimentar bases sólidas:
(i) La recuperación de la actividad planificadora como soporte técnico necesario para la toma de decisiones sobre planes, programas y proyectos y un uso responsable de los recursos públicos
(ii) El respeto por la legalidad y los procedimientos administrativos, como garantía de una coherencia entre fines y métodos
(iii) La participación ciudadana en los procesos de planificación de la movilidad y la ciudad, como garantía de la defensa del interés público sobre el particular y como contribución determinante a la generación de consensos.
Estos elementos serán la base fundamental para, entonces sí, abordar de manera coherente los grandes retos de la movilidad de la ciudad de Cali, haciendo gala de la capacidad técnica de un gabinete calificado por los medios de comunicación locales como el Dream Team (Equipo de Ensueño) de la nueva Alcaldía.


Desde la perspectiva de la necesaria integración de la movilidad y el urbanismo a la hora de repensar nuestras ciudades, en Cali resulta urgente acometer, como medidas estructurales, la creación tanto de la autoridad única de transporte (Secretaría de Movilidad) encargada de la política y planeación de la movilidad como del Observatorio de Movilidad Urbana, al igual que la elaboración de un verdadero Plan de Movilidad Urbana en consonancia con la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.
De igual forma, resulta necesario culminar de manera exitosa la implementación del sistema de transporte masivo MIO en el municipio y avanzar hacia su articulación con nuevas líneas intermunicipales en el área metropolitana bajo un esquema de integración tarifaria, la adecuada estructuración de la primera línea del tren metropolitano en el eje de mayor demanda Yumbo-Cali-Jamundí, un sistema de control de tráfico inteligente, gestión del aparcamiento y racionalización del uso del vehículo privado en la zona centro, fomento del desarrollo y redesarrollo urbano orientado a corredores de transporte masivo, itinerarios para peatones y ciclistas, programa de bicicletas de alquiler, etc. Estos son sólo algunos de los proyectos claves para el futuro de la movilidad de Cali que la nueva Alcaldía deberá tener en consideración.


Es evidente que se trata de un reto de grandes dimensiones para una ciudad que, durante varios periodos, ha padecido gobiernos locales poco proactivos y con baja efectividad ejecutiva. Por ello y por el bien de todos, esperamos que la llegada del Dream Team represente un avance significativo hacia el anhelado Dream Time de la ciudad.
Carlos Alberto González GuzmánEnero 6, 2012


---------------------------------------


Publicado: Revista Dinero

Edición Digital, Sección Opinión. Colombia, Enero 6 de 2012

+ Enlace al artículo


----------------------------------------


(1) COP 900 000 millones = USD 466 millones = EUR 345 millones (Fuente. OANDA, Abril 2010) 

(2) M.I.O. Masivo Integrado de Occidente, es el nombre con el cual se conoce al nuevo sistema de transporte público masivo basado en buses de altas prestaciones con uso exclusivo de la vía (Bus Rapid Transit, BRT) de la ciudad de Cali, implementado en marzo de 2009. 

Entradas populares de este blog

El drama del MIO en cinco actos

En el Concejo de Cali se debate el proyecto de acuerdo n° 180 con el cual se busca garantizar la financiación del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM-MIO. Para este se argumenta que está soportado en una propuesta técnico-económica para transformar el modelo del SITM en un Sistema Integrado Inteligente de Transporte Público SIITP, del cual los ciudadanos aún no conocen mayor detalle. Bienvenido el debate, en cualquier caso, está claro que tenemos que avanzar para evitar el peor escenario posible: volver a caer en las garras de la nociva guerra del centavo. El origen de dicho debate es que hoy nuevamente el MIO se encuentra en grave crisis financiera y en riesgo de colapsar, esto a pesar del esfuerzo que han venido haciendo diversas administraciones por ponerlo a rodar y mantenerlo a flote. Dicho proceso se puede relatar a manera de obra escénica en cinco actos. En un primer acto, la alcaldía de Apolinar Salcedo (2004-2007) tenía como tema central construir la infraestructura. A

¿Subsidio al transporte público para financiar el estatus quo?

El transporte público de calidad, con amplia cobertura territorial y con tarifa asequible al usuario, requiere ser subsidiado en su operación, en eso por fin estamos de acuerdo todos: nación, municipios y usuarios. Lo que no hemos podido entender es que mientras se siga permitiendo el fortalecimiento del transporte público ilegal e informal, normalizando la evasión del pago del pasaje y fomentando el crecimiento del uso de la motocicleta, seguirá en vilo el futuro de los sistemas de transporte público y, con ello, el derecho a la movilidad de los ciudadanos. En Colombia, apenas en el 2015 el gobierno nacional entendió que el subsidio a la operación del transporte público era necesario para cubrir el déficit financiero de la operación y así garantizar el servicio a los ciudadanos, dado que el recaudo por la venta de tiquetes no resulta suficiente para cubrir los costos de ofrecer el servicio. En la actualidad, ocho ciudades cuentan con sistemas integrados o estratégicos de transporte en

Taxi: ¡Viva la informalidad laboral!

Cuando uno empieza a creer que en temas de movilidad urbana lo absurdo ya ha llegado a su máxima expresión, siempre aparece un hecho nuevo que supera con creces todo lo anterior: los explotados conductores de taxi salen a marchar en contra de la iniciativa de formalización laboral de su oficio promovida por el gobierno nacional, mientras los empresarios y propietarios de taxi aplauden la marcha con sonrisa burlona y, como no, los usuarios seguimos soportando un pésimo servicio que no mejora porque a los jefes del gremio no les interesa. El transporte público ya sea colectivo (buses) o individual (taxi) es un servicio regulado por el Estado que puede ser prestado tanto por operadores públicos como privados, por tanto en la pertinencia de la operación por parte de privados no hay discusión. En lo que sí hay discusión es en el hecho de que los operadores privados tengan que seguir manteniendo un nivel tan alto de informalidad laboral en este sector. No es posible que miles de conductores